Este título recoge la certera y preocupante afirmación con que la consejera de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid se refirió a la dotación económica disponible para la atención a los mayores dependientes en residencias; es la “hermana pobre de la educación y la sanidad”.

¿Por qué la atención a la dependencia es la “hermana pobre”? Desde la aprobación de la “Ley de Dependencia” en 2006 por el gobierno de Rodríguez Zapatero (PSOE), la dotación económica y su distribución entre administración central y autonómica ha sido insuficiente y desajustada, pues lo previsto no se ha cumplido, y sufrió un notable recorte en los años de gobierno de Mariano Rajoy (PP). Pero hay otras razones estructurales que están en el origen de todos los problemas en la atención digna y adecuada a los mayores. Nos referimos al peso abrumador de las residencias privadas y la presencia, casi testimonial, de residencias públicas. En la Comunidad de Madrid de casi 500 residencias sólo 25 son residencias públicas, algunas son públicas gestionadas por empresas privadas y otras privadas tienen plazas concertadas con la administración, y el resto son privadas.  Las cifras en del sector público llevan estancadas desde el año 2014 ¿Qué diríamos si el 90% de los centros educativos y de la atención sanitaria estuviera al mando de empresas privadas, la mayor parte con ánimo de lucro? Con esta situación consolidada año tras año, la administración autonómica tiene que preocuparse poco de la atención a los mayores dependientes en residencias. Más que colaboración de la Administración con el sector privado, lo que tenemos es un sector privado muy fuerte que colabora con la Administración. ¿Para cuándo políticas que reviertan esta situación en favor de las residencias públicas?

Diferente consideración y exigencias si la residencia es pública o privada. Llama la atención los diferentes baremos que la administración utiliza según la titularidad de la residencia. El ejemplo más significativo es la fijación de las “ratios” de personal, que en sí mismas son claramente insuficientes, pero que en las residencias privadas es sensiblemente menor que en las públicas. ¿Se imaginan que las “ratios” de personal en centros educativos o en hospitales privados fuera mucho menor que en los públicos? Otro ejemplo es la cantidad asignada al “cheque servicio” que, una vez fijado según el grado de dependencia (I-II-III), no se actualiza con el paso de los años. Debería haber una actualización anual, al menos, según la subida del coste de la vida. Este año la asignación por día y plaza en las plazas concertadas en residencias privadas en la Comunidad de Madrid va a subir de 59 a 72 euros, pero la cuantía del cheque servicio sigue congelada, y la administración se desentiende del aspecto económico del resto de los residentes en plazas privadas. Los mayores dependientes, en su mayor parte, tienen que hacer frente con sus recursos y los de su familia al pago de plaza en residencia privada. Además, habría que subrayar las listas de espera para reconocimiento del grado de dependencia y para recibir la ayuda correspondiente. Muchos mayores fallecen sin haber conseguido ninguna de las dos cosas: reconocimiento del grado de dependencia y la consiguiente prestación económica.

Encuestas de satisfacción. Las residencias tienen obligación de facilitar anualmente estas encuestas. El modo de hacerlo por parte de la dirección de los centros, en general, es de poca información, entusiasmo e interés. Los resultados no se publican o se publican de manera genérica. La administración debería elaborar un protocolo (modelo de encuesta de satisfacción) completo, riguroso y de fácil respuesta, con indicaciones precisas para su realización, y que sea igual para todas las residencias, tanto públicas como privadas. Habría que precisar bien el modo de recogida de datos y la baremación objetiva e independiente de las respuestas. Los resultados deberían ser públicos para todo el que quiera conocerlos, no sólo para los residentes y familiares de cada centro. Y de los resultados sacar conclusiones por parte de expertos que sirvan a la administración para tomar las decisiones oportunas.

Rechazo de métodos de adjudicación de plazas concertadas (como el Acuerdo Marco de la Comunidad de Madrid), para paliar el déficit de ofertas de plazas públicas, que obligan a trasladar a los residentes de unas residencias a otras cada cierto período de tiempo. Hay residencias privadas que tienen plazas concertadas, y que este año no han concursado para mantenerlas. Las razones son obvias: al subir el número de profesionales, los beneficios para las empresas de estas residencias van a ser menores. La consecuencia es que más de 700 plazas concertadas están pendientes de ser asumidas por otras residencias, y los residentes afectados tendrán que trasladarse a otra residencia con todo lo que esto supone para personas muy dependientes y con no fácil medio de traslado. ¿Se puede jugar así con la suerte de los mayores que quedan a la voluntad de los intereses empresariales sin más? A los que no encuentren plaza o decidan no trasladarse, la Comunidad de Madrid les ofrece la posibilidad de acogerse al cheque vinculado a servicio. Esto les va a suponer un copago muy superior al que tenían. ¿Puede una administración cambiar la situación y la prestación que tenían, y no asumir los nuevos gastos?

Los Consejos de Residentes y los Consejos de Usuarios. Los Consejos de Residentes y los Consejos de Usuarios son órganos de representación y participación de los residentes y de los familiares si tienen la tutela judicial efectiva del residente. Fueron Instituidos los primeros por una Orden de 1993 de la Consejería de Integración Social y los segundos mediante una Resolución de la Dirección General de Atención al Mayor y la Dependencia del año 2013, después de la intervención del Defensor del Pueblo ante la reclamación colectiva de los familiares de la Residencia de Usera, denunciando que los Consejos de Residentes solo fueran obligatorios en las residencias públicas, no en las privadas. Actualmente todas las residencias de la CM que reciban algún tipo de subvención pública tienen la obligación de tener un Consejo de Usuarios. Cerca de 300 residencias privadas no tienen esa obligación ¿Cómo puede ser esto en pleno siglo XXI? ¿Qué diríamos si en los centros educativos privados no fueran obligatorias las asociaciones de padres y los órganos de participación de los alumnos? ¿Por qué hay tanto miedo a la participación de los familiares y residentes en la marcha de la residencia si ellos son los protagonistas y beneficiarios de los servicios prestados que de una u otra manera se están pagando? La mentalidad empresarial y la ideología de derechas es poco sensible al diálogo, la participación y la corresponsabilidad. Las residencias privadas sin ánimo de lucro, por el ideario que las inspira, deberían ser ejemplares en la facilitación de la participación.

“¿Vergüenza! El escándalo de las residencias”. El estudio hecho por el abogado y periodista Manuel Rico, responsable de investigación en Infolibre, analiza pormenorizadamente y con mucha información contrastada los grandes grupos empresariales y fondo de inversión que están detrás de la mayor parte de las residencias privadas. Este libro es imprescindible para tener un conocimiento real de lo que subyace al conjunto mayoritario de residencias privadas. Es evidente que a estos grupos les mueve el lucro, es decir, conseguir más ingresos y tener menos gastos, no la atención de calidad a los residentes. El beneficio está en relación directa con el gasto de personal; las administraciones, al permitir que las “ratios” de personal en las residencias privadas sean sensiblemente inferiores a las públicas y tener un sistema de inspección escuálido y poco comprometido con vigilar la calidad de los servicios, están favoreciendo el lucro de las empresas privadas. Hay claras irregularidades a las que no se pone remedio porque, en las escasas y genéricas inspecciones, quedan solapadas porque la documentación del centro está según las normas, aunque la puesta en práctica no sea correcta. Las consejerías de Asuntos Sociales de las comunidades autónomas se preocupan, sobre todo, de las residencias públicas y en lo que corresponde de las que tienen plazas concertadas. Un ejemplo lo tenemos en el AMAS (Agencia Madrileña de Atención Social) de la Comunidad de Madrid. El sector público ha descuidado una de sus obligaciones fundamentales: invertir en residencias públicas para dar respuesta a todos los potenciales usuarios que en los próximos años no van a dejar de aumentar considerablemente. En caso contrario la desproporcionada e injusta relación entre residencias públicas y privadas no va a cambiar. ¿Cómo estamos permitiendo esta inacción de los poderes públicos? El actual gobierno nacional, sensible a las cuestiones sociales, mientras esté en ejercicio, aunque las competencias sean de las autonomías, tiene una responsabilidad grande para empezar a revertir todas las deficiencias que existen en el sector, y establecer criterios de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas.

Escaso o nulo ambiente familiar en las residencias. Muchos residentes y familiares tenemos la impresión de que con su ingreso en un centro están un poco “secuestrados” por los gestores de estos. La dirección de las residencias procura limitar los sitios y el horario de visitas, que siguen con restricciones impuestas con motivo de la pandemia, y que no hay perspectiva de que cambien. Esto hace que no podamos ver de cerca cómo es la atención a nuestros familiares, la calidad de las comidas, cómo tienen el armario de su cuarto y ver lo que necesitan después de más de dos años de no subir a las habitaciones, el acceso más directo a los profesionales de todo tipo, etc. Las visitas se reducen a lo siguiente:  al llegar, te toman la temperatura, vas a una sala común de visitas, bajan a tu familiar y cuando terminas la visita, a él se lo llevan por una puerta y tú sales por otra. ¿Qué ambiente familiar y cálido se puede tener cuando la vida transcurre así día tras día? Lo lógico y sano desde el punto de vista afectivo, lo que da un ambiente familiar, sería poder circular por los espacios comunes, interactuar con otras residentes y familiares, subir a las habitaciones y zona común de los pabellones, entrar en el comedor a llevar a nuestros familiares e, incluso, poder comer con ellos abonando el menú, como hacen en alguna residencia. Las medidas actuales recuerdan los protocolos de visitas en los centros penitenciarios. En los hospitales, con zonas mucho más delicadas y expuestas, las visitas han vuelto a la normalidad que tenían antes. Los organismos competentes de las comunidades autónomas tendrían que velar por el estricto cumplimiento de los protocolos actuales. Algunas residencias privadas dicen que el reglamento de régimen interno que tienen circunscribe las visitas a una zona interior y al jardín. Me pregunto si un reglamento de régimen interno puede disponer algo contrario a lo que autorizan los protocolos de la administración autonómica; la administración autonómica tendría que clarificar de forma normativa este punto para que no haya duda ni interpretaciones distintas según la dirección de cada residencia. Además, los trabajadores de las residencias suelen tener la mentalidad de que ellos y sólo ellos, como profesionales, saben lo que tienen que hacer para una buena atención a los residentes, y que los familiares son más bien un estorbo que una ayuda. A ellos se les reserva la reducida zona de visitas y la llamada telefónica. Dado que los residentes están en internamiento total y hasta el final de sus vidas, son los que necesitan recuperar y practicar lo más posible algo que remotamente se aproxime a la “normalidad” que tenían antes, y esto no es posible sin una participación activa de los familiares. La pandemia ha sido la excusa perfecta para terminar de implantar un estilo de residencia que se aleja cada vez más de lo que sería algo que recuerde al núcleo familiar. Además, en muchas residencias las actividades, por ejemplo, la gimnasia que antes era diaria, se han reducido de manera significativa. Y las administraciones poco hacen para evitarlo. Les haría mucho bien a los responsables políticos y a los directores de residencias conocer cómo funcionan las residencias de mayores en Centroeuropa y países nórdicos.

Grupo Lares: residencias sin ánimo de lucro. Está constituido por la Fundación, Asociación y Federación. Además de las residencias públicas y las residencias privadas como negocio, están las residencias sin ánimo de lucro con ideario propio donde exponen los principios y valores inspiradores de su presencia y acción. A Lares pertenecen 17 asociaciones autonómicas con 1.050 centros y servicios en toda España. Si el número de centros residenciales en nuestro país es de 5.567 con 384.251 plazas residenciales, entre privadas y públicas, el grupo Lares supone casi el 20% de las residencias. En la página web el apartado “Conoce Lares” dice que “atiende a personas mayores, dependientes, con discapacidad y en riesgo de exclusión social, bajo el prisma de la gestión solidaria. Lares reúne el histórico compromiso de congregaciones religiosas y la voluntad solidaria de fundaciones y ONG`s, manteniendo como bastión la gestión solidaria de todas nuestras entidades”. Afirman centrarse en la “singularidad e integridad de la persona”, la consideración de las “cuidadoras como agentes de valor añadido” en los cuidados y en entorno donde promueven el intercambio y la convivencia. Por su recorrido histórico, por la inspiración que tienen y por apostar por una ética de máximos y de la excelencia deberían ser las que abrieran camino en un nuevo estilo de residencias. Sería conveniente, por coherencia con su ideario, que informaran si tienen órganos de participación de residentes y familiares aunque no sean obligatorios para las residencias privadas, cómo es la información y transparencia en estos centros (publicación de los resultados de las Encuestas de Satisfacción, de los partes de inspección y otras valoraciones de las residencias), las ratios de personal que tienen por turnos y categorías, el porcentaje de contratos temporales y fijos, las plazas concertadas que tienen y los motivos de tenerlas o no tenerlas, si el salario que pagan a los trabajadores se rige por el mínimo obligatorio o hay mejora voluntaria para asegurar la calidad que proponen, las organización del voluntariado y su relación con el personal profesional de plantilla, si mantienen o desearían mantener alguna relación con las Asociaciones/Plataformas de defensa de los Mayores en Residencias, la especificación de los programas y beneficiarios de las ayudas recibidas de las administraciones que figuran en su página web, y cómo articulan el ambiente de las residencias para que se aproximen al modelo familiar al que se aspira. También tendrían que ser ejemplares estas residencias en analizar las muertes que ocurrieron en ellas durante la primera ola de la pandemia para reconocer los fallos y denunciar los protocolos de las autoridades autonómicas que impidieron la derivación a los hospitales de los residentes enfermos de Covid; como consecuencia, muchos residentes tuvieron una muerte sin ninguna ayuda, soporte médico y en la más absoluta soledad.

La importancia de participar en Asociaciones en defensa de los mayores en residencias. De unos años para acá han surgido en varias autonomías Asociaciones de familiares de residentes y a personas preocupadas por los mayores. Están haciendo una labor encomiable; a partir de la pandemia han aumentado significativamente el número de socios. Incluso se ha dado un paso más creando la Plataforma Estatal de Familiares de Residencias que aglutina y coordina la labor de las Asociaciones de las diferentes autonomías. Las 15 principales asociaciones de todo el país, lideradas por la gallega, la catalana y la madrileña, están presentes en esta Plataforma estatal. Está integrada por organizaciones de Euskadi, Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, Comunitat Valenciana e Illes Balears. Los principales impulsores han sido organizaciones con años de experiencia luchando en favor de los derechos de los residentes como Pladigmare (@pladigmare), Rede (@REDE_org), Coordinadora Residencias 5+1 (@CooResidencias). Esta plataforma ha sido invitada para formar parte de la Mesa de Diálogo Civil creada por el ministerio de Asuntos Sociales para dar su opinión sobre un documento que modificarían los actuales criterios de acreditación para poder dar la autorización administrativa de funcionamiento y tener derecho a presentarse para tener algún tipo de subvención pública a las residencias actuales y las nuevas que se puedan crear, encaminado a cambiar el actual modelo de residencias. Van a presenta 100.000 firmas para que la Fiscalía y el Congreso investiguen lo ocurrido en las residencias durante la pandemia. Invitamos a los que tengan interés en el tema de mayores, algún día todos seremos mayores, a que conozcan lo que hacen estas asociaciones, a visitar las páginas web y, en su caso, a participar activamente en las mismas como miembros. Es un gran servicio que podemos prestar a nuestros mayores y el medio imprescindible para que las residencias, tanto a nivel interno como en el cambio del marco regulador, mejoren dada la situación de precariedad en muchos aspectos en que se encuentran.

Conclusiones:

1. Potenciar la creación de residencias públicas con gestión pública. El modelo actual que tenemos descansa en las grandes empresas y fondos de inversión con intereses alejados de la calidad de atención a los mayores. La actitud pasiva de las administraciones es francamente incomprensible.

2. Igualdad de reglamentación para las residencias públicas y privadas. Esto debe incluir todos los aspectos de la organización, ratios de personal, gestión, participación de residentes y familiares, evaluación e inspección.

3. Actualización anual tanto del coste de plaza concertada como del importe económico del cheque vinculado a servicio. El coste de plaza concertada se actualiza periódicamente. Convendría establecer una actualización fija conforme a unos índices referenciales. El cheque vinculado a servicio no se actualiza, lo que se propone es que tenga unos mecanismos similares a los de la plaza concertada: fijar la actualización periódica y los índices referenciales de la subida. Además, puesto que el cheque servicio es una ayuda de la administración, las residencias que tengan plazas de este tipo deberían tener la misma consideración que las que tienen plazas concertadas.

4. Inspecciones más frecuentes y específicas. Para que esto sea posible hay que aumentar significativamente el número de inspectores, el número de inspecciones sin avisar, y el tipo de inspección mucho más dirigida a la calidad de atención a los residentes y menos a los documentos y protocolos escritos. Bien sabemos que el papel lo soporta todo, incluso aunque la realidad tenga poco que ver con lo que está prescrito y escrito. También las sanciones deberían ser más frecuentes, de mayor cuantía y públicas.

5. Registro público de datos con los resultados de las encuestas de satisfacción, de las inspecciones y de las valoraciones de cada residencia. Todos estos datos deberían constar en un archivo público de fácil consulta. Esto ya existe en otros países. Estos datos serían de mucha utilidad a las personas que buscan una residencia para sus familiares.

6. Potenciación asociativa de los familiares de residentes. De entrada, hay que contar que las residencias son reacias a este tipo de participación. La patronal y los trabajadores sindicados están organizados, pero los residentes y familiares no. Creemos que de alguna manera las administraciones deberían informar de la existencia de estas asociaciones y facilitar el contacto con las mismas, así como la participación de los familiares en los organismos correspondientes en cada residencia (PLADIGMARE ha presentado un proyecto de participación que sigue durmiendo en el cajón de la Consejera de Familia, Juventud y Políticas Sociales).

7. Aportación específica del grupo de residencias sin ánimo de lucro. Estas residencias, por su propio ideario, historia y valores que les inspiran, debería ser ejemplares en su estructura, gestión, transparencia, participación y estilo. Así serían modelos alternativos a lo existente a nivel privado, y punta de lanza en el nuevo modelo de residencia de mayores que se plantea para un futuro a medio y largo plazo.

Jesús Sastre